miércoles, 24 de noviembre de 2010
Esteban Pagán Rivera / Primera Hora

Una vez más, a varios días de las elecciones presidenciales, la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) está bajo fuego. Pero esta vez, es por parte de uno de sus propios miembros.

El actual vicepresidente de la FPF, Miguel “Mickey” Jiménez, publicó este mes un informe de más de 100 páginas, en el que, según alega, se dan a conocer una serie de irregularidades por parte del actual presidente del organismo, José “Joe” Serralta, y el resto del Comité Ejecutivo.

En el informe, del cual Primera Hora obtuvo una copia, Jiménez incluye cartas de la FIFA hacia la FPF en el que se señala serias fallas en el manejo económico y falta de visión por parte de la administración federativa. De igual manera, hacen hincapié en que la FPF ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la FIFA.

Según explicó Jiménez, el informe es producto de seis años de fiscalización como vicepresidente, lo que lo llevó, según alega, a ser marginado por el Comité Ejecutivo de la FPF.

“Yo llevo años informando esto a FIFA. Hice un viaje a Concacaf hace dos años, pero aún no tenía suficiente evidencia. No lo estoy haciendo por elecciones. Soy candidato a vicepresidente este año bajo el mismo espíritu: fiscalización y no voy a morir hasta que vea que la casa esté limpia”, dijo Jiménez, quien es parte de la plancha del retador Eric Labrador en las elecciones del próximo domingo.

Entre los señalamientos que hace Jiménez, destaca una carta con fecha del 23 de julio de 2010 y firmada por Thierry Regenass, director de Asociaciones Miembro y Desarrollo de la FIFA, quien apunta a varias fallas en el manejo de dinero por parte de la FPF.

Según la misiva, la FPF usa el 67% de los $250,000 que entrega anualmente la FIFA para fines de “planeación y administración”, mientras que tan sólo $7,000 son destinados para el desarrollo del fútbol. En la carta, Regenass pidió “mejorar la administración financiera de la federación”, entre otras cosas.

De igual manera, Jiménez presenta un informe realizado por un equipo de la FIFA luego de su visita a inicios de marzo de 2010, en el cual se revela que la FPF le debe $28,000 en impuestos al Gobierno de Puerto Rico. Incluso, el ex tesorero de la FPF, Miguel Villegas, reveló que en el 2008 se decidió no entregar los informes trimestrales, ya que no tenían el dinero para pagarlo por otros gastos realizados en viajes e inversiones en las selecciones nacionales.

Por otro lado, Villegas, quien actualmente es auditor interno de la FPF, circuló una declaración jurada en la que hace varios señalamientos hacia Serralta. Entre ellos, destaca el hecho de que las oficinas de la FPF están en los altos de la residencia de Serralta, y que pese a que inicialmente no cobraba renta, luego se pidió un pago de 1,000 dólares mensuales y otro retroactivo a los ocho meses anteriores sin pagar.

De igual manera, declaró que Serralta nunca le permitió hacer informes económicos a la asamblea y que el líder federativo se aumentó el sueldo de $36,000 a $48,000 sin presupuestar.

“Una vez comienzo en la Federación, empiezo a fiscalizarlo, y él se molesta. Empieza a darme de codo”, señaló Villegas en entrevista con Primera Hora.

“¿Cómo es posible que tengas la Federación en tu casa, que la secretaria sea tu cuñada, y el Secretario General es su suegro? ¿Qué puedes hacer ahí? Se han descubierto muchas cosas en finanzas que se han traído a colación”, aseveró Villegas.

No se salva la PRSL

Por otro lado, Jiménez también incluyó en el informe a la liga profesional avalada por la FPF, la Puerto Rico Soccer League (PRSL), la que, según alega, cometió fraude ante el Gobierno de Puerto Rico.

En el informe, Jiménez presenta evidencia de que la PRSL fue inscrita en el Departamento de Estado en el 2007 como Puerto Rico Soccer League, INC., y como una institución con fines de lucro. Sin embargo, en febrero del 2009, la PRSL volvió a ser inscrita bajo Puerto Rico Soccer League NFP CORP., esta vez como una institución sin fines de lucro.

La segunda inscripción permitió que la liga recibiera un donativo de $200,000 por medio de la Comisión Especial Conjunta sobre Donativos Legislativos. Según Jiménez, eso constituyó una violación a la Ley 258.

“La PRSL utilizó, presentó, engañó y le faltó el respeto y la buena voluntad de ayudar y cooperar del Gobierno de Puerto Rico mediante la presentación y entrega de documentos que correspondían a la primera corporación con fines de lucro, cuando la Ley 258 exige lo contrario, o sea, documentos o evidencias de una sin fines de lucro”, señaló Jiménez en el informe.

Incluso, también reclama tener evidencia de que la primera corporación, con fines de lucro, no cumplió con la radicación del Informe Anual del 2008 y 2009 al Departamento de Estado, mientras que la segunda corporación no lo hizo en el 2009.